Manifestantes cortaron la ruta CH-23 este lunes exigiendo mejoras en la conectividad, obras comprometidas por el gobierno tras las lluvias del mes de marzo
Más de 50 personas provenientes de las comunidades del borde sur del Salar de Atacama asistieron hoy a una reunión con representantes de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, encuentro que se desarrolló en la sede de Socaire y que se concretó tras una intensa jornada de protestas en la que padres y apoderados suspendieron el tránsito de la ruta CH-23 el pasado lunes en la mañana.
Los comuneros de Talabre, Peine, Socaire, Camar y Toconao radicalizaron su movilización esta semana debido a una serie de incidentes en los que se ha visto involucrado el vehículo de transporte escolar que traslada a sus hijos a clases, situación que se suma a la imposibilidad de los profesores itinerantes de llegar a sus destinos a tiempo. “El furgón escolar se ha quedado atrapado en el by pass, pasando horas nuestros hijos expuestos al frío, sin alimentos, una situación angustiante porque uno los espera a una hora y ves avanzar el reloj y no llegan, uno piensa lo peor”, señaló una de las apoderadas, visiblemente afectada.
Luego de varias intervenciones de los dirigentes y la presentación de un plan de trabajo que considera medidas a corto, mediano y largo plazo, por parte de Vialidad, el encuentro finalizó con la firma de un acta en la cual quedan de manifiesto los compromisos adquiridos por el Estado con las comunidades. Entre ellos, disponer de los recursos, maquinaria y cuadrillas para iniciar este miércoles 19 de junio las obras necesarias para reducir los riesgos en el denominado sector del by pass, a través del contrato global con la empresa Triovial, la cual deberá también asumir las tareas de reparación y mantención de la carpeta asfáltica.
Por su parte, las obras de solución definitiva, a cargo de Remavesa, deben comenzar, de acuerdo al compromiso de Vialidad, en un plazo no superior a 45 días. Finalmente, el documento consigna que el organismo dependiente del Ministerio de Obras Públicas, deberá informar oportunamente a las comunidades del avance del proyecto de infraestructura vial.
Sergio Cubillos Verasay, en representación del Consejo de Pueblos Atacameños lamentó el hecho de que las comunidades deban recurrir a medidas de presión “extremas” para lograr compromisos efectivos de parte del Estado con las comunidades. “Nosotros fuimos invitados por la gente de Socaire a sumarnos a la manifestación del lunes, porque aquí cuando ocurrieron las lluvias del mes de marzo el gobierno del Presidente Piñera vino a terreno y comprometió las obras y recursos necesarios para recuperar la conectividad, sin embargo a cuatro meses de esos compromisos no hay aún obras definitivas, solo medidas parche. El CPA hoy actúa como ministro de fe de este plan de obras que presenta Vialidad y en función de ello fiscalizaremos que los plazos se cumplan, ya que de no ser así las comunidades volverán a tomarse los caminos de ser necesario”, señaló.
