SernamEG reunió a abogados y abogadas de los Centros de la Mujer y Casas de Acogida de la región para tratar la prestación de asesorías legales ante hechos de extrema gravedad como pudiesen ser los femicidios y que en esta zona alcanzó cinco en calidad de frustrados y uno consumado el año pasado.
La reunión convocó a catorce profesionales de Antofagasta, Calama y Tocopilla, quienes dialogaron con la abogada de Atención, Protección y Reparación del SernamEG de nivel central, Marcela Castillo Montenegro, y la encargada nacional de violencia extrema, Paula Cifuentes Sandoval, quienes afirmaron que en 2020 este Servicio presentó diversas querellas en el 78,2 por ciento de los femicidios consumados a nivel país y en el 68,4 por ciento de los femicidios frustrados.
“Si no fue posible llegar a tiempo a una mujer que estaba viviendo violencia en sus hogares, tenemos el deber de prestar la asesoría legal que nos permita intervenir en procesos judiciales para que, con la presentación de argumentos relacionados con la relación asimétrica de poder y abuso de poder, sean considerados factores determinantes al momento de dictaminar una condena”, explicó la directora regional del SernamEG, Pamerla Astete Chacón.
Son más de treinta instrumentos legales, ya sea a través de la ratificación de convenios internacionales como la Cedaw o Belem Do Pará o la promulgación de leyes, que permiten al SernamEG defender a una mujer que vivió violencia por parte de sus parejas o ex parejas, aunque en los últimos años han surgido otras normativas que amplían este rango de acción hacia las mujeres que vivieron violencia en la etapa del pololeo o a causa de su orientación de género, medidas que se condicen con los contenidos de la Agenda de Género presidencial.
En la prevención el Servicio cuenta con la colaboración de órganos policiales y tribunales, razón por la cual profesionales del SernamEG realizan constantes capacitaciones para actualizar conocimientos en temas como la aplicación de fallos con perspectiva de género, primera acogida y derivación oportuna.
“Queremos asegurar el acceso a la justicia de las mujeres. En este tema el país ha avanzado una enormidad, aunque claramente existen desafíos que debemos asumir como, por ejemplo, el acompañamiento y salvaguarda de los derechos de las víctimas colaterales como hijas e hijos y para ello estamos prospectando un trabajo conjunto con las clínicas jurídicas de algunas instituciones de educación superior de la región”, puntualizó Astete.
