El hecho ocurrió en la ciudad de Los Andes, donde la PDI por instrucción del fiscal de turno de San Felipe, Julio Palacios, concurrió hasta el Hospital San Camilo para tomar conocimiento de la denuncia de la víctima realizando diversas diligencias para esclarecer las circunstancias en que se produjo el hecho investigado.
El sujeto, quien se encuentra en calidad de imputado por quien salió de la cárcel de la vecina ciudad el pasado jueves 9 de abril, luego que su abogado defensor efectuara la solicitud de modificatoria de prisión preventiva debido a la contingencia por el Covid-19, se dirigió alrededor de las 4:30 de la madrugada del viernes incumpliendo la cautelar y la vigencia del toque de queda hasta al inmueble donde vive su expareja de 23 años en la ciudad de San Felipe donde perpetró el ataque sexual.
Los oficiales de esta brigada especializada recabaron evidencias que permitieron establecer que durante la madrugada escaló por un techo para acceder a su dormitorio, donde por medio de la fuerza procedió a concretar la violación.
El sujeto, quien mantenía arresto domiciliario por contingencia COVID – 19, fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de San Felipe para su control de detención correspondiente.
El fiscal Andrés Gallardo informó que el sujeto fue formalizado en videoconferencia por el delito de violación, ya que se aprovechó que la víctima se encontraba privada de sentido para ultrajarla.
“Esta acreditado que el imputado tuvo participación en el hecho, había actuado con fuerza, intimidando a la víctima y aprovechando que ella se encontraba dormida”, detalló el persecutor.
Al mismo tiempo, indicó que la coartada entregada por el imputado respecto a que las relaciones sexuales habían sido consentidas resultaron insatisfactorias, “ y lo relevante del hecho es que el imputado habiendo sido ex pareja de la víctima, no justifica bajo ningún punto de vista que tenga un dominio sobre ella y que pueda acceder a tener relaciones cuando él lo quiera, si tomar en cuenta a la otra persona, en este caso una mujer que fue víctima de violación”.
El tribunal decretó en contra del imputado la medida cautelar de prisión preventiva por peligro para la seguridad de la víctima y la sociedad, estableciéndose un plazo de investigación de 180 días.
