El imputado, de 33 años y con antecedentes penales, será investigado por los delitos de femicidio frustrado y lesiones menos graves a dos funcionarios de Carabineros. Quedó en prisión preventiva por petición del Ministerio Público.
En prisión preventiva quedó un sujeto de 33 años, chileno y con antecedentes penales, a quien la Fiscalía de Calama formalizó por femicidio frustrado en contra de su conviviente, además de dos delitos de lesiones menos graves a funcionarios de Carabineros, provocadas por perros raza pitbull que el imputado liberó para oponerse a la acción policial y por el lanzamiento de un objeto contundente.
Los hechos ocurrieron la noche del sábado al interior de un inmueble ubicado en la Manzana V, sitio 2 de la comuna de San Pedro de Atacama, en momentos que el imputado inicia una serie de agresiones en contra de la víctima, quien se encontraba en compañía de su hijo de 10 años, gritando repetidamente que la mataría.
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Al llegar Carabineros al lugar para auxiliar a la mujer, el agresor amenaza a los funcionarios policiales, diciendo que si entran al lugar “los perros se los iban van a comer”, haciendo referencia a unos perros de raza pitbull que mantenía en el lugar y a los cuales había entrenado, acción que efectivamente concreta, liberando a los canes y ordenándoles atacar a los uniformados.
Producto de esta acción, una funcionaria policial resulta con una lesión en una pierna por mordedura de perro y otro uniformado con una contusión en una mano debido al lanzamiento de un elemento contundente. La conviviente del detenido, en tanto, registra lesiones de gravedad, aún con pronóstico reservado.
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El sujeto fue detenido en el procedimiento y formalizado por el fiscal (s) Héctor López por los delitos de femicidio frustrado, con la agravante de haberse cometido en presencia de un menor de edad, y dos delitos de lesiones menos graves a funcionarios de Carabineros, quedando por petición del Ministerio Público sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva por representar un peligro para la seguridad de la sociedad y de la víctima. El plazo de investigación se fijó en 120 días.
