La parlamentaria del Partido Social Cristiano por Antofagasta, impulsa una iniciativa para modificar el Código Penal, aumentando las penas para el delito de violación y “dar justicia real a las víctimas y ofrecer mayor seguridad a la ciudadanía”.
Con el objetivo de endurecer las penas para el delito de violación, la diputada antofagastina, Yovana Ahumada, presentó un proyecto de ley que “responde al llamado de la sociedad chilena por una justicia que refleja la gravedad del daño sufrido por las víctimas, y refuerza la seguridad de todos los ciudadanos”.
Actualmente, el Código Penal establece penas que van desde los 5 a 15 años de cárcel para quienes cometen violación, un rango que para Yovana Ahumada, no corresponde a la magnitud del daño físico y emocional que este crimen causa a las víctimas. “Las personas que han sufrido una violación lidian con un trauma que impacta profundamente su vida. Es momento de que nuestras leyes lo reconozcan y otorguen una respuesta justa”, afirmó la legisladora del PSC.
El proyecto propone modificar los artículos 361 y 362 del Código Penal chileno, aumentando las penas para que se sitúen en el rango medio a máximo de presidio mayor. Según la diputada Yovana Ahumada, “esto significa que el mínimo de la pena será de 10 años y un día, en lugar de los actuales 5 años y un día. Con este cambio, la idea es que nuestro sistema de justicia refleje el impacto duradero que significan estos delitos para las víctimas, y se garantice que los agresores no quedarán libres en pocos años”.
Según la parlamentaria Yovana Ahumada, aumentar las penas es también un mensaje de rechazo social a estas agresiones y un respaldo a los valores éticos de nuestra sociedad, que exige respeto y dignidad para todos. “Queremos una sociedad donde cada persona se sienta segura, donde quienes dañan gravemente a otros paguen por ello de forma proporcional”, declaró.
El proyecto de ley presentado por la diputada Yovana Ahumada, busca fortalecer la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia, entendiendo que “se trata de un paso necesario para que tengamos una sociedad más segura y justa, y en la que las víctimas encuentren en la ley el respaldo y la justicia que merecen”, concluyó.
