Desde este 1 de abril comienza a regir la nueva ley de inclusión laboral, la que determina que empresas e instituciones públicas con 200 o más trabajadores deben reservar el 1% de sus puestos de trabajo para personas en situación de discapacidad, mientras que las entidades de 100 a 199 trabajadores deberán cumplir la normativa un año después de la entrada en vigencia.
En la creación de la Ley de Inclusión Laboral se hicieron parte los ministerios de Desarrollo Social y del Trabajo, junto el Servicio Nacional de la Discapacidad, quienes trabajaron en una indicación sustitutiva sobre la base de 11 mociones parlamentarias para asegurar la efectiva igualdad de oportunidades y la plena inclusión laboral de las personas con discapacidad.
La normativa suprime la discriminación salarial que existía respecto de los trabajadores y trabajadoras con discapacidad mental, derogando el artículo 16 de la Ley N° 18.600 que establecía una remuneración inferior al sueldo mínimo.
