En la Región de Tarapacá un 8,5 por ciento de los imputados pertenecen a algún pueblo originario.
Una docena de defensores penales, principalmente de las regiones del norte del país, participan desde este lunes en una nueva versión de la Academia de Defensa Indígena que organiza en Iquique la Defensoría Penal Pública. Esta actividad forma parte del perfeccionamiento anual en estas materias que desarrolla la institución, lo que tiene como objetivo mantener un alto nivel de capacitación para los abogados que asumen causas de tipo intercultural.
Las materias consideradas en el programa lectivo incluyen la revisión jurídica del Convenio 169 de la OIT, en su relación con el Derecho Internacional y el Derecho Constitucional; los procedimientos penales en Defensa Cultural y características de los peritajes antropológicos. La revisión de estas materias concluirá con un Taller de Casos y Análisis de Experiencias de Litigación.
“El componente de la Multiculturalidad se incorpora en el quehacer cotidiano de la Defensoría Penal Pública, esta Academia lo demuestra”, destacó el Defensor Regional de Tarapacá, Marco Montero Cid, al inaugurar la jornada inicial. El personero citó que un 8,5 por ciento de los casos que se atienden en la zona corresponden a imputados indígenas.
En la misma oportunidad, el Jefe Nacional de la Unidad de Defensa Especializada, Pablo Aranda, puntualizó que la aprobación de ese curso habilita a los abogados a ejercer en propiedad la especialidad al interior de la institución.
La clase inicial estuvo a cargo de la doctora en derecho y académica de la Universidad de Chile, Liliana Galdamez, quien examinó la relación entre el Convenio 169 de la OIT y el Derecho Constitucional. El programa complementa tal exposición con las disertaciones, talleres y análisis de experiencias a cargo de otros cuatro juristas y dos profesionales del área Antropología e Interculturalidad.
