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Jueves, Enero 9, 2025

Fiscalía de Antofagasta logró condena de 20 y 33 años de cárcel para peligrosos asaltantes

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⁠Imputados, de nacionalidad chilena, perpetraron dos violentos robos a conductores de vehículos de transporte, en ambos casos, con retención de la víctima.

El trabajo investigativo de la Fiscalía de Antofagasta y OS9 de Carabineros, permitió condenar a dos imputados chilenos, por dos delitos consumados de robo con violencia e intimidación calificados, con retención de la víctima, perpetrados los días 18 y 22 de abril de 2023 en la capital regional.


Los afectados por estos hechos fueron el conductor de un taxi colectivo y el conductor de una aplicación de transporte, quienes, tras ser abordados por los condenados, fueron intimidados, golpeados y retenidos contra su voluntad durante varias horas, a fin de que entregaran sus tarjetas y claves de cuentas bancarias.


Tras juicio oral desarrollado a fines de diciembre, el imputado Juan David Sepúlveda Bravo recibió la pena de 20 años de presidio mayor en su grado máximo por tales hechos, mientras que Jesús Antonio Marín Milla fue condenado a dos penas de 16 y 17 años de presidio mayor en su grado máximo.


El tribunal además condenó a un tercer imputado, Francisco Javier Rojas Campillay, a la pena de 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo, por el delito de receptación de vehículo motorizado; al tiempo que una cuarta participante, Teresa Jenis Lagos Fernández, recibió 5 años de presidio menor en su grado máximo, por receptación de vehículo motorizado, y 2 años de presidio menor en su grado medio por tráfico de drogas en pequeñas cantidades.

 

INVESTIGACIÓN


Según logró acreditar la Fiscalía de Antofagasta durante juicio oral, el día 18 de abril de 2023, cerca de las 21:30 horas, en la intersección de calle Huamachuco con Av. Arturo Pérez Canto, los imputados Sepúlveda Bravo y Marín Milla, junto a un tercer sujeto no identificado, abordaron un taxi colectivo, marca Hyundai, indicando al conductor que se dirigiera al terminal de buses.


Sin embargo, mientras circulaban por la Av. Pedro Aguirre Cerda, uno de los sujetos solicitó al conductor detener el vehículo, momento que aprovecharon para intimidarlo con un cuchillo y agredirlo con golpes de puño, para luego empujarlo al asiento trasero y cubrir su cabeza con una polera.


La víctima fue trasladada entonces a un domicilio, donde permaneció retenida y amarrada por varias horas, hasta que fue abandonado junto con el que vehículo que conducía en la intersección de calles Héroes de la Concepción con Pablo de Rokha.


De acuerdo a la investigación, cuatro días después, la noche del 22 de abril de 2023, los mismos imputados abordaron un vehículo de aplicación en calle Ignacio Carrera Pinto con Huamachuco, supuestamente para trasladarse hasta otro punto de la ciudad. No obstante, durante el recorrido agredieron al conductor y lo obligaron a situarse en el asiento trasero, donde lo amarraron.

CAJEROS


En este caso, los imputados realizaron al menos dos paradas en cajeros automáticos con el fin de sacar dinero desde las cuentas bancarias de la víctima, para luego dirigirse a un domicilio, donde lo mantuvieron retenido por varias horas, siempre con su rostro cubierto y bajo amenazas de muerte.


La madrugada del día 23 de abril, el conductor fue finalmente abandonado en calle Vladimir Saavedra, cerca de la Av. Pedro Aguirre Cerda.


Cabe precisar que mientras la víctima estuvo retenida, los imputados tomaron contacto con Teresa Lagos Fernández y Francisco Rojas Campillay con el fin de coordinar el ocultamiento del vehículo que le habían sustraído a este último.


Asimismo, durante allanamientos realizados al domicilio de la imputada Lagos Fernández, se descubrió que ésta mantenía en su poder droga dosificada lista para su venta.


En su dictamen el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta establece que, no reuniendo ninguno de los imputados los requisitos establecidos en la Ley N° 18.216, una vez ejecutoriada, la sentencia deberá cumplirse de manera efectiva.


Cabe señalar que las defensas de los condenados disponen ahora de un plazo para recurrir en contra de la sentencia del tribunal.

 

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