Contraloría determinó irregularidades en la adquisición de un inmueble que pertenecía a la familia del entonces Alcalde Daniel Agusto, con fondos de salud municipal y a sobreprecio, lo que tiene en un proceso penal a Jubitza Tapia, prima de Agusto
Una querella por fraude al fisco enfrenta el Delegado Presidencial Regional de Antofagasta, Daniel Agusto Pérez (RN), puesto que cuando era alcalde de Calama, dicha Corporación Municipal adquirió con fondos percapita de Salud un inmueble a nombre de una sociedad hereditaria de su familia. Por estos hechos la Contraloría determinó que habían irregularidades cometidas por dos altos directivos de la Corporación quienes se encuentran siendo investigados previamente querella del Consejo de Defensa del Estado, uno de ellos la prima del entonces Alcalde Daniel Agusto, hoy Delegado Presidencial de Sebastián Piñera. Ahora se suma la querella presentada por el Senador Electo, Esteban Velásquez, por considerar que el Presidente de la Corporación de ese tiempo, Daniel Agusto, también tiene responsabilidad en esa compra, sobretodo por el monto de casi 200 millones que como Presidente de la Corporación debió conocer.
“Resulta imposible creer que Daniel Agusto, representante hoy de Piñera en la Región, no haya estado al tanto de las negociaciones para comprarle la casa a su familia, sobretodo porque como Alcalde de Calama es presidente del directorio de la Corporación, y por los casi 200 millones debió estar enterado, o derechamente no estaba interesado en el bienestar comunal de salud y educación”, afirmó el legislador.
Agregó que “no puede haber tolerancia al desvío y mal manejo de recursos públicos cuando se tiene a cargo dichos recursos; tenemos certeza de que por el monto debió conocer sobre las negociaciones, y si fuera como dice que no sabía, demuestra una irresponsabilidad sobre dichos recursos, casi 200 millones sin contar con los costos administrativos que implica la compra de un inmueble”.
[ads1]
“La falta de probidad y transparencia debe ser sancionada, administrativa y penalmente, por la responsabilidad que le cabe en haberse gastado recursos destinados a salud municipal en un inmueble de su familia y deben ser restituidos los dineros como ordenó la Contraloría”, continuó Velásquez.
El parlamentario calameño concluyó señalando que “es muy difícil que quienes dejan sus cargos se excusen administrativamente, despilfarrando recurso públicos, porque hoy los estándares son mayores enhorabuena. Quienes asumen cargos públicos, políticos, profesionales o técnicos, son los primeros responsables de los recursos de todas las chilenas y chilenos”.
