[box type=”shadow”][dropcap]L[/dropcap]a moción fue ingresada en 2018 por el diputado de la Región de Antofagasta, Esteban Velásquez, y tras un largo trámite en las comisiones de minería y hacienda será debatida y votada en la Sala. Según un experto de la U. Chile el país pierde 8 mil millones de dólares por no contar con un verdadero royalty.[/box]
El 12 de septiembre de 2018 el diputado por la Región de Antofagasta, Esteban Velásquez (Regionalista) ingresó junto a parlamentarios de regiones mineras, un proyecto de ley que establece un derecho de compensación económica en favor del Estado de Chile por la extracción del cobre y del litio.
El 11 de marzo del 2020 y tras una larga discusión fue aprobado con votos transversales en la Comisión de Minería, la “comisión técnica” del proyecto, pero fue enviado a la Comisión de Hacienda aunque no irroga gastos para el Estado, donde el recién pasado 18 de marzo de 2021 fue rechazado con votos UDI, RN y DC. Sin embargo, el proyecto del calameño Velásquez pasará a la Sala para ser debatida por las diputadas y los diputados y votada este martes 23 de marzo en la sesión que inicia a las 10.00 hrs.
“Es un momento crucial para el país y para nuestra región pues se va a definir el destino de los recursos del cobre y del litio, los que se extraen desde nuestro territorio, donde vivimos con nuestras familias y lo único que dejan las mineras es contaminación, no recursos, que es lo que buscamos con este Royalty, es que una parte de los recursos queden en la región, queden en la comuna y lo hacemos estableciendo este derecho a una compensación por el solo hecho de extraer cobre y extraer litio, no dependiendo de las utilidades de la gran minería como actualmente hace el impuesto específico a la minería que no tiene mayor impacto en el PIB que incluso en 2017 fue menor a cero”, señaló el legislador.
¿QUÉ PLANTEA EL PROYECTO?
El proyecto crea un derecho para el Estado de percibir el 3% del valor ad valorem del cobre y del litio extraído del territorio nacional, destinando un 50% de esos recursos a un Fondo de Convergencia Regional para obras de desarrollo de las comunas mineras y el otro 50% a obras de mitigación reparación y compensación del impacto ambiental en las comunas de extracción minera. Se trata, entonces, de un derecho sobre los recursos mismos del cobre y del litio, a diferencia del Impuesto Específico a la Minería que se calcula en una tasa progresiva sobre la rentabilidad de la minera.
EL BANCO MUNDIAL RESPALDA LOS ROYALTYES
Días antes de la votación en Hacienda (el 15 de marzo) Pulso de La Tercera publicó una entrevista a Christopher Sheldon, gerente de Practica Global de Energía e Industrias Extractivas del Banco Mundial, en que el experto sostuvo que “los royalties basados en el valor de los minerales extraídos, son comunes en casi todos los países”, asegurando que es pertinente revisar los regímenes de la minería en el contexto de las alzas de los precios de materias primas”, que es precisamente lo que Esteban Velásquez planteó en su proyecto ingresado en 2018.
Sheldon afirmó que “debido a que la minería involucra la extracción de recursos no renovables, es común que además de las tasas corporativas regulares (que aplican a cualquier actividad económica) las actividades mineras incurran en el pago de un royalty basado en el valor de los minerales extraídos.
“Debido a que el royalty está basado en valor, es pagado sobre el tope y no basado en la rentabilidad de la mina. Lo anterior significa que el gobierno recibirá el royalty sin importar cuán rentables hayan sido las operaciones mineras, debido a que será compensado por la extracción inicial de los recursos de su país. Usualmente una compañía minera pagará otros impuestos además del royalty, tales como el impuesto a la renta”, agregó.
Respecto al ahuyento a la inversión que podría producir este royalty, afirmó que “la minería es una inversión a largo plazo y los precios de los minerales pueden tener una alta volatilidad. El régimen fiscal debe funcionar en los buenos y malos tiempos. Los países también compiten por la inversión a nivel mundial. La experiencia internacional demuestra que una buena geología, una buena gobernanza sectorial y políticas estables, en conjunto con un royalty razonable y un régimen fiscal, son atractivos para la inversión minera”.
EL PAÍS PIERDE 8 MIL MILLONES DE DÓLARES POR NO TENER ROYALTY
Ramón López, Doctor en Economía por la University of British Columbia, Canadá, quien es además profesor titular de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y director ejecutivo del Instituto de Economía Política y Social (IEPS), quien sostuvo en La Tercera que “el patrimonio de Chile se reduce cada año en US$ 8.000 millones (10.000-2.000)” por no contar con un Royalty real.
“Hay efectos positivos adicionales al pago de royalty, como la diferencia entre los salarios del sector y el salario medio de los trabajadores y proveedores en el resto de la economía (entre US$ 900 y US$ 1.100 millones), beneficios en términos de tecnologías e I+D (estimados en US$ 500 millones), y efectos ambientales que generan pérdidas estimadas en US$ 300 millones. Los beneficios netos que aporta la gran minería privada a Chile serían de US$ 1.300 millones (1.100+500-300) más la recaudación del impuesto específico o royalty, US$ 700 millones en un buen año. En total US$ 2.000 millones anuales. Sin embargo, las rentas económicas estimadas en nuestros estudios en un año normal son US$ 10.000 millones, que equivalen al valor económico del cobre extraído. Por lo tanto, el patrimonio de Chile se reduce cada año en US$ 8.000 millones (10.000-2.000)”, afirmó el destacado académico.
“¿Lecciones? La renta económica es el exceso de ganancia del capital por encima de su retorno normal. Si el Estado cobra una parte significativa de esa renta, los incentivos para invertir no se afectan, por lo que abstenerse de cobrar la renta no solo implica dejar de ganar, sino reducir el patrimonio de Chile. Para evitar la pérdida patrimonial es vital invertir la recaudación extra en otros activos productivos“, agregó.
“Es decir, existe la necesidad imperiosa de implementar un royalty que recaude mucho más que el actual impuesto específico a la minería“, sentenció el economista.
¿Se ahuyenta la inversión?
“El Sr. Chile tiene una mina en su propiedad. ¿Cuánto puede cobrarle a un inversionista por el derecho exclusivo a su explotación? Considerando que la tasa de retorno del capital después de impuestos fuera de la propiedad del Sr. Chile es 10% anual, la inversión requerida para la explotación es de US$ 1.000 anuales, el retorno del capital en la mina es de un 30% anual después de impuestos, excluyendo el impuesto específico (similar al retorno que hemos estimado de la gran minería en Chile); el inversionista obtiene afuera US$ 100 y US$ 300 explotando la mina. La renta económica de esa mina es US$ 200 por año (300-100): la diferencia entre lo que retorna la inversión en la mina y el retorno del capital afuera. Estos US$ 200 equivalen al valor del recurso minero que se extrae”, comenzó ejemplificando el experto.
“Ahora, si el Sr. Chile cobra el 10% de la renta económica, US$ 20, (aproximadamente lo que cobra Chile como impuesto específico o “royalty”), el inversionista obtiene un retorno neto por su capital de US$ 280 anuales (US$ 300-US$ 20), US$ 180 por encima de los US$ 100 que puede obtener afuera. Invierte feliz“, señaló.
“¿Qué pasa con la inversión en Chile si el vecino, Sr. Perú, decide no aplicar ningún cobro y permite que un inversionista se lleve toda la renta? El inversionista en Chile aún estará feliz con su retorno; pero si aun así decide no invertir, habrá muchos inversionistas interesados en obtener un retorno de US$ 280 por sus US$ 1.000, dado que tienen un costo de oportunidad de solo US$ 100 anuales. La inversión en la propiedad del Sr. Chile no se afecta“, explico López.
Cabe destacar que el proyecto ingresado por Esteban Velásquez, diputado por la región de Antofagasta, que será votado este martes 23 de marzo (día del aniversario de la comuna minera de Calama) cuenta con la participación de las diputadas Alejandra Sepúlveda (Regionalista), Natalia Castillo (FA), Catalina Pérez (RD), Daniela Cicardini (PS) y los diputados Jaime Mulet (Regionalista), Marcelo Schilling (PS), Pedro Velásquez (Ind) y Pablo Vidal (RD), destacando además el diputado Nicolás Noman de la UDI; por lo que contaría con el respaldo transversal de la oposición, aunque la DC votó en contra en la Comisión de Hacienda.
